Íñigo Urquía

Periodista

La factura de la ‘kale borroka’

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Arresto

“Mi tienda estaba totalmente calcinada cuando llegué”. La ferretería de José Antonio Mendive, el portavoz de Unión del Pueblo Navarro en Barañáin (Navarra), sufrió el 22 de abril de 2006 el primer zarpazo de la kale borroka registrado desde que la banda terrorista ETA declaró su último alto el fuego, apenas un mes antes.

“Recibí la noticia de madrugada. Llovía mucho y estaba oscuro; fue mi hermano quien me dijo que había pasado lo que había pasado”. Mendive se vio en la ruina nada más comprobar que su empresa había quedado destrozada: “el viernes tenía un negocio próspero y, sólo un día después, estaba en la calle”.

14 meses y varios ceros

Tuercas y ascuas; ceniza. Al caer la noche, la violencia callejera sale de su escondrijo y toma las calles de algunos municipios del País Vasco y Navarra: cuando el sol despierte, el humo limpiará las legañas de la mañana. Así, los destrozos labran las cicatrices de esta hermana menor del terrorismo.

Estas acciones provocaron pérdidas por valor de cuatro millones de euros durante el alto el fuego de ETA (que duró catorce meses, desde la primavera de 2006 hasta junio de 2007), según los informes elaborados para el Foro Ermua.

Estos documentos, redactados por el catedrático de la Universidad Complutense de Madrid Mikel Buesa, contabilizan 523 actos de violencia callejera.

AmenazasBuesa, responsable de la Cátedra de Economía del Terrorismo en el centro madrileño, fragmenta este periodo en dos etapas, al afirmar que la banda dinamitó su “alto el fuego permanente” el 30 de diciembre, en Barajas.

De este modo, el también presidente del Foro Ermua delimita dos intervalos, uno que comienza el 24 de marzo y termina en diciembre de 2006 y el actual, jalonado por el anuncio oficial de vuelta a las armas por parte de ETA. Antes, los terroristas ya habían matado a dos personas, en el atentado de la T-4 de Barajas de diciembre pasado.

En cualquier caso, su investigación resulta muy útil para bosquejar el presente de este fenómeno, ya que -todavía- ni el Ministerio del Interior, ni las delegaciones del Gobierno, ni la Ertzaintza, ni la Policia Foral , ni las consejerías del ramo en estas autonomías han hecho públicos sus datos actualizados.

En total, el coste de la kale borroka desde marzo de 2006 hasta mayo de 2007 escaló hasta los 4.037.000 euros. Pero estas cifras millonarias no surgen por arte de magia.

Contenedores y cajeros

El pasado 11 de junio unos radicales encapuchados quemaron en Barakaldo un autobús, en una agresión que causó daños a otros trece turismos particulares. Este episodio, sin ir más lejos, ocasionó desperfectos por valor de 300.000 euros.

Los contenedores de basura constituyen un objetivo prioritario para los violentos, porque arden rápido y su quema produce efectos vistosos. No obstante, reponer uno de estos elementos del mobiliario urbano cuesta a un consistorio alrededor de 260 euros, según fuentes del sector.

Bus

Más caros, los autobuses también sufren los ataques de los chicos de la gasolina. De hecho, un automovil de este tipo, de 15 metros de largo, 30 asientos y capacidad para 90 pasajeros de pie, puede llegar a costar 252.000 euros con IVA, tal y como ha confirmado a ADN.es la empresa que gestiona la flota de vehículos urbanos de una de las tres capitales vascas.

Calcular los daños que sufren los cajeros automáticos resulta más complejo. El hermetismo de los bancos -que creen que sus palabras atraerán a los cócteles molotov y a las piedras- y las características especiales de estos dispositivos explican estas dificultades.

Por ello, la factura puede variar mucho: “este terrorismo de baja intensidad puede provocar que cambiemos sólo las placas de fuera del cajero. No obstante, también puede tener como consecuencia que necesitemos comprar un nuevo dispositivo o, incluso, que tengamos que reconstruir por completo la sucursal”, confiesa una fuente del sector bancario que no quiere ser identificada.

No obstante, la cuenta no termina ahí: papeleras por 11 euros o los casi 46 euros que cuesta eliminar pintadas en ciudades como Bilbao se suman también en la factura.

Sangría mensual

La kale borroka causa cada mes desperfectos por valor de 290.000 euros. Este cómputo medio, sin embargo, se obtiene de cifras muy dispares, como los 418.600 euros que se esfumaron en enero de este año o los 34.100 de marzo.

El mes de mayo, cuando se celebraron los últimos comicios municipales y autonómicos, tuvo muchas noches rasgadas por el fuego: de forma paralela a la campaña electoral, se sufrieron 115 golpes, aunque su coste apenas rebasó los 150.000 euros.

No obstante, durante el periodo estival, la kale borroka ha seguido asolando las localidades de estas dos autonomías del norte de España.

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Ertzainas

Los escudos de la ciudadanía:

Tres cócteles molotov impactan contra un coche mientras que las llamas devoran dos contenedores, y varias consignas amenazantes ensucían la pared de un consistorio vasco.

¿Qué consecuencias tienen estos ataques? Lo cierto es que no demasiadas, al menos desde el punto de vista económico. De hecho, la sociedad se ha dotado de herramientas para suturar las heridas causadas por el terrorismo callejero. Pero, ¿quién paga la factura de los chicos de la gasolina?

El Consorcio de Compensación de Seguros, un organismo dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, hace frente a los gastos que ocasiona la actividad terrorista (y, según la legislación vigente, la kale borroka) sólo cuando el bien dañado -o destruido- ya tiene contratada una poliza de seguros. En estos casos, el Consorcio actúa como una compañía de seguros al uso, tal y como explica a ADN.es el director general del Consorcio, Ignacio Machetti.

No obstante, del mismo modo que en el sector comercial, pueden surgir problemas de infravaloración del bien asegurado (si las cuotas a pagar son pequeñas, la cantidad a percibir se ve reducida), aunque lo más normal es que el Consorcio pague el cien por cien de la factura.

Tuercas

Aunque este patrón se repite en la mayoría de las ocasiones, a veces los coches, viviendas o incluso papeleras no tienen un contrato de garantía en vigor. En esos casos, el Ejecutivo central y los Gobiernos autonómicos “suelen contribuir” con sustanciosas ayudas para sufragar los gastos que se derivan del terrorismo callejero.

Como muestra, un botón: las arcas públicas han desembolsado más de 300.000 euros en indemnizaciones por el ataque de kale borroka que sufrío el 22 de abril de 2006 la ferretería del portavoz de Unión del Pueblo Navarro (UPN) en Barañáin (Navarra), José Antonio Mendive.

Sin embargo, “el proceso es largo desde que sufres el atentado”: “Hasta que ETA reclamó su autoría, el Consorcio me adelantó dinero y, más tarde, el Gobierno navarro cubrió los daños hasta el 100% de la factura”. Pese a ello, pasan meses hasta que se recupera la normalidad, porfía Mendive.

De hecho, este episodio ha supuesto al edil regionalista el desembolso de una cantidad muy superior a los 300.000 euros. “El Consorcio de Compensación de Seguros y el Gobierno de Navarra hicieron frente a los gastos con ayudas, pero acabé de cobrar las indemnizaciones hace sólo un par de meses”, según añade este político navarro.

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Por lo civil o por lo penal:

Castigar los actos de kale borroka no es fácil. Por un lado, resulta difícil identificar a los implicados y probar su responsabilidad, ya que estos acostumbran a actuar en grupo. Asimismo, en numerosas ocasiones, los encausados no rebasan los 18 años de edad, lo que hace más espinosa la cuestión.

En cualquier caso, estos ataques pueden ser juzgados por “la normativa penal o la civil“, tal y como señala Patricia López Peláez, una experta de la UNED. Esta jurista glosa para ADN.es las peculiaridades de cada una de las vías.

La tumba de Gregorio Ordonez

Por un lado, si se sigue el camino penal, los implicados pueden recibir una sanción o una multa, o incluso verse privados de su libertad. Sin embargo, para que esto suceda, tienen que haber alcanzado la edad penal. Cuando no ocurre así, aparece en el horizonte la figura de los centros de reinsercción social.

Indemnizaciones

Las faltas y delitos de la kale borroka también pueden recibir un tratamiento civil, encaminado a que los acusados se hagan cargo de los daños que han provocado.

Este procedimiento, añade López Peláez, tiene como objetivo que los chicos de la gasolina restañen -económicamente- las heridas por ellos abiertas. No obstante, también surge la cuestión de la responsabilidad legal con los menores, si se elige esta senda.

En concreto, el marco jurídico español introduce un factor que puede contribuir a la reducción de la violencia callejera.

Aunque hay resquicios para que un mayor de edad burle su responsabilidad (ya que se puede declarar insolvente), cuando es menor el culpable de estos zarpazos, sus padres -o las personas que tengan la patria potestad– deberán hacer frente a las sanciones que se le impongan.

Esta normativa se aplica, además de a los menores, a todos aquellos a los que se les imputa hechos cometidos cuando aún eran menores, aunque fueran detenidos siendo mayores de edad penal.

Freno familiar

Precisamente, este marco legal ha contribuido en los últimos años a reducir los actos de kale borroka. Y es que, aunque los adolescentes provengan de un hogar que simpatice con las tesis del nacionalismo vasco radical, estas ideas se ven mitigadas cuando su puesta en práctica más violenta diezma el bolsillo familiar. “Es un freno muy grande”, porfía López Peláez.

Así, y aunque esta ley ha sido fuente de polémica, muchos expertos defienden su efectividad, al resaltar que los padres han empezado a ejercer un control más ferreo sobre sus hijos, tras comprobar que los tribunales les reclamarán el pago de las responsabilidades civiles de sus vástagos (como, por ejemplo, la factura de un contenedor quemado).

De hecho, las memorías de la Audiencia Nacional ya observaban en 2002 un descenso de la kale borroka que podía estar relacionado con la efectividad de las medidas contempladas en la ley del Menor.

Probar la pertenencia

Asimismo, López Peláez asevera que la vía más efectiva para acometer la lucha jurídica contra la kale borroka es la de la responsabilidad civil.

Pese a ello, no es un proceso sencillo. Como se relató, “es complicado probar que fue una persona concreta quién prendió fuego a un cajero automático, sobre todo porque los ataques se producen en grupo, desde dentro de una turbamulta”, según sentencia la jurista de esta universidad.

Los fiscales, no obstante, intentan demostrar ese extremo, para luego tratar de “probar la pertenencia del acusado a una organización ilegal (como Segi) que respalde la violencia callejera”.

No obstante, es poco habitual que jóvenes con perfiles de este tipo acaben en prisión.

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Written by Íñigo

07/08/2007 a 20:09

Publicado en ETA, País Vasco

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