Íñigo Urquía

Periodista

La ley de Memoria Histórica promoverá la eliminación de los símbolos franquistas

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El Ejecutivo ha conseguido que todos los grupos parlamentarios menos el PP y ERC aprueben un texto definitivo de la ley de Memoria Histórica. Los negociadores socialistas han introducido en la reunión de la Ponencia de este miércoles una importante novedad. De hecho, el PSOE ha presentado una enmienda que modifica sustancialmente la política sobre símbolos franquistas.

El artículo 15 da así un vuelco: la Administración tomará “las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas” que exalten “la sublevación militar”, la Guerra Civil y “la represión de la Dictadura.

El texto va más allá e incluso contempla “la retirada de subvenciones o ayudas públicas” para aquellos organismos que desoigan esta iniciativa. Esta medida implicaría la posibilidad de retirar subvenciones a los propietarios privados que no acepten la medida. El texto, sin embargo, no nombra a la Iglesia Católica, uno de los posibles afectados.

El proyecto contempla unas pocas excepciones, como “cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado” o cuando “concurran razones artísticas y arquitectónicas protegidas por la ley”.

Asimismo, el Gobierno central colaborará con las autonomías y los consistorios locales para elaborar un catálogo de vestigios franquistas, para proceder a su posterior eliminación.

Por otro lado, la ley proscribe “estrictamente” el uso del Valle de los Caídos para fines ideológicos. “En ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas, o del Franquismo”, estipula el artículo 16.

Condena del franquismo

El proyecto de ley “declara la ilegitimidad de los tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales o administrativos que, durante la Guerra Civil, se hubieran constituido para imponer, por motivos políticos ideológicos o de creencia religiosa, condenas o sanciones de carácter personal, así como la de sus resoluciones”.

El espíritu de este artículo, el tercero, invoca dos textos previos con cita explícita de precedentes: una proposición de Ley adoptada en 2002 en el Congreso (donde se condenaba la utilización de la violencia y el establecimiento “en el pasado […] de regímenes totalitarios”) y otro texto más explícito, el informe del Consejo de Europa de 2006 (menciona las “graves y múltiples violaciones de Derechos Humanos cometidas en España por el régimen franquista entre 1939 y 1975”).

Por otro lado, la “declaración de reparación y reconocimiento personal” no pasará por un examen ante una comisión de notables, tal y como lo preveía el texto inicial, sino que el Ministerio de Justicia enviará directamente el documento a las familias de las víctimas que la reclamen.

Así, este proyecto de ley -que regula las prestaciones sociales y de orfandad, además de regir los casos de amnistía- “reconoce el derecho a obtener una Declaración de reparación y reconocimiento personal a quienes durante la Guerra Civil y la Dictadura padecieron los efectos de las resoluciones” franquistas.

De este modo, y aunque la ley no nació con este propósito, al final habrá condena.

Acceso a las pruebas

A pesar de la petición del PNV, no está previsto que los capítulos que pretenden facilitar el acceso a los documentos de la Guerra Civil incluyan la devolución al Gobierno vasco de los papeles que le fueron incautados. Pese a ello, se trata de facilitar el acceso de los particulares a estos archivos de la represión.

En concreto, el artículo 22 garantiza “el derecho de acceso a los fondos documentales depositados en los archivos públicos y la obtención de las copias que se soliciten”. “Lo previsto en el apartado anterior será de aplicación, en sus propios términos, a los archivos privados sostenidos, total o parcialmente, con fondos públicos”, apostilla el texto.

En la misma línea, el texto saluda la creación del Centro Documental de la Memoria Histórica, que tendrá sede en Salamanca. Otra de las medidas aprobadas por el Estado será la aprobación, “con carácter anual” y a cargo de los Presupuestos Generales, de “un programa de convenios para la adquisición de documentos referidos a la Guerra Civil o a la represión política subsiguiente”.

A final de mes

En la reunión de esta tarde, primera y única que celebrará la ponencia, los socialistas entregaron el texto de la ley con los cambios pactados con IU-ICV, en su mayoría, avalados por los nacionalistas de PNV, CiU y BNG, así como otros partidos del Grupo Mixto.

El proyecto de ley de ampliación de derechos a víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, conocido como de Memoria Histórica, se debatirá en la Comisión Constitucional la próxima semana y se aprobará en el Pleno del Congreso a final de mes, según el calendario fijado esta tarde en la primera reunión de la ponencia parlamentaria encargada de informar de la ley.

En concreto, el proyecto se discutirá en la Comisión Constitucional que preside Alfonso Guerra el próximo miércoles, nada más terminar el debate de la reforma del Estatuto de Castilla y León.

Después, el texto se elevará al Pleno del Congreso en su última sesión del mes, prevista para los días 30 y 31. La fecha concreta se decidirá en una próxima reunión de la Junta de Portavoces. Del Pleno del Congreso se remitirá al Senado y sólo volverá a la Cámara Baja si allí se introduce alguna modificación.

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Written by Íñigo

10/10/2007 a 20:33

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