Íñigo Urquía

Periodista

Los jueces progresistas y conservadores exigen que los cambios procesales pasen por las Cortes

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Los jueces españoles reclaman instrucciones concretas y una delimitación exacta de sus funciones, para no chocar con las competencias del Ministerio Público. La decisión del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, de reforzar el papel del fiscal en la investigación de procedimientos penales provocó el martes la oposición airada de los magistrados de la Audiencia Nacional y también una respuesta firme de las corrientes progresista y conservadora de la profesión.

El portavoz de Jueces para la Democracia Miguel Ángel Gimeno Jubero pide “las cosas claras”. “Lo que no puede ser es que haya dos cabezas distintas investigando a la vez, de forma paralela, porque se pueden estorbar”, opina este magistrado de la Audiencia de Barcelona.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), a través de su representante Antonio García Martínez, considera que “el papel de la Fiscalía está perfectamente delimitado y no ofrece dudas”. “Si hay hechos sujetos a una investigación, la Fiscalía no puede indagar de forma paralela”, zanja García Martínez, que trabaja en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

García Martínez subraya también que el papel de los fiscales debe ser “condicionado, que no subordinado, aunque nunca protagonista”. “En ningún caso pueden ejercer de directores de la investigación penal”, advierte.

“Investigaciones paralelas”

La Fiscalía General del Estado (FGE) ha ordenado a los fiscales, a través de dos disposiciones dictadas este mes de marzo, que intervengan de forma activa en la instrucción de los procedimientos penales, además de recordarles que pueden ordenar investigaciones a la Policía Judicial, aunque exista un proceso en curso.

En la segunda directiva, Conde-Pumpido recuerda a los fiscales que “no deben delegar” en el juez la responsabilidad de realizar una investigación correcta y eficaz, y afirma que “es precisamente el fiscal quien está en mejor posición para orientar esa investigación”.

“Debe, por tanto, desterrarse ese vetusto arquetipo del fiscal ajeno a las vicisitudes de la causa”, según afirma la instrucción, en la que se establece que los fiscales tienen “la obligación” de realizar un seguimiento de cada procedimiento penal desde que se incoa en un juzgado.

Las críticas de los jueces obligaron a la Fiscalía a insistir en que sus instrucciones se limitan a recordar a los fiscales otras órdenes ya vigentes y adaptarlas a la nueva estructura surgida del nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, vigente desde octubre de 2007.

Sin embargo, la Asociación Profesional de la Magistratura subraya que estas disposiciones “no mejoran el sistema, van en la dirección equivocada y vienen a generar más problemas” en un sector ya agitado por la polémica. García Martínez tachó la actuación de “desafortunada” y reclamó que “se corrija automáticamente lo que se ha hecho mal”.

Hacia el modelo anglosajón

En España (como en Francia, Portugal y Alemania), la Fiscalía tiene una marcada dependencia del Gobierno, al ser sus máximos responsables elegidos y cesados por el Poder Ejecutivo.

Las directrices de Conde-Pumpido sugieren el interés de la Fiscalía en ir hacia un modelo procesal anglosajón, en el que el Ministerio Público es el encargado de probar la acusación que formula ante el órgano encargado de juzgar. Sin embargo, este cambio (el caso español tiene más similitudes con el modelo francés, donde los fiscales promueven la acción penal e intervienen en la investigación judicial a cargo del juez instructor) tendría que ser sancionado por el Parlamento.

García Martínez no quiere ni oír hablar de esta modificación. “No, no; (…) es algo que tiene que decidirlo el Parlamento”, recalca. El portavoz de la APM resalta que, si las Cortes impulsaran una reforma legislativa de este tipo, su asociación la respetaría, aunque apostilló que “los fiscales no pueden expropiar de sus facultades a los jueces”.

La organización progresista representada por Gimeno Jubero también coincide en la necesidad de que esos cambios reciban el visto bueno del Poder Leguislativo. “Desde 1995, con la Ley del Jurado, se ha debatido varias veces; es una cuestión que surge en determinados momentos”, aclara Gimeno Jubero, para quien esta opción “política es perfectamente legítima”.

De hecho, “hace unos años que la Justicia penal de los menores depende en última instancia del Ministerio Fiscal y los resultados han sido buenos”, valora. En cualquier caso, Jueces para la Democracia porfía en que esa reforma tendría que  pasar por el Parlamento y en que, en caso de que se lleve a cabo, habría que delimitar las nuevas funciones de los magistrados como “jueces de garantía, ya que esta figura legal casi no tiene precedentes en España”

“Hay que decidir quién tiene que llevar la instrucción y la investigación”, pide, sin cerrarse a que la responsabilidad recaiga en los fiscales. “Es una opinión legítima, aunque polémica; pero no es rechazable a priori“, sentencia Gimeno Jubero.

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