Íñigo Urquía

Periodista

Garzón investigará las desapariciones de la Guerra Civil y el franquismo

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GarzónEl juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se ha declarado este jueves competente para investigar la desaparición de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista (1936-1975) por entender que se produjo “un delito permanente de detención ilegal sin dar razón de paradero”. De esta forma, el magistrado autoriza la apertura de 19 fosas comunes en toda España.

La investigación, resalta el juez, se limita a “la desaparición forzada de personas”. El magistrado señala también que no es posible realizar ahora “una especie de causa general” como la que sí se formó tras la Guerra Civil para documentar lo sucedido a cada una de las víctimas del terror rojo.

“No se trata de hacer una revisión en sede judicial de la Guerra Civil”. Sin embargo, el auto resalta las medidas dirigidas a localizar los certificados de defunción de los altos cargos del régimen franquista y de la Falange con objeto de comprobar si puede imputar a alguno de ellos un delito.

Garzón, que pese a recalcar que su auto no hace distingos de “adscripción política, ideológica, religiosa o de cualquier clase” centrará su investigación en los crímenes del bando nacional, enmarca su decisión “en el contexto de los crímenes contra la Humanidad”. No obstante, el objetivo del magistrado es “individualizar las conductas y a los responsables de las mismas”.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrirá al Pleno de la Sala de lo Penal este auto de 68 páginas al considerar, entre otras razones, que estos delitos prescribieron en 1977 con la aprobación de la Ley de Amnistía y que el tribunal no es competente para juzgarlos.

La fosa de Lorca y otras 18

La decisión responde a las denuncias de las organizaciones integradas en la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) y permitirá la exhumación “a la mayor urgencia” de 19 fosas comunes ya localizadas en toda España, “más todas aquellas que puedan resultar”. Entre ellas se encuentra además la tumba del poeta granadino Federico García Lorca (la del barranco de Viznar, en Granada), en la que supuestamente se encontrarían los restos del abuelo de una denunciante.

Las otras están situadas en el fuerte de San Cristobal (Navarra), Adrada de Aza, Valdenoceda y San Juan del Monte (Burgos), Parrillas (Toledo), La Robla, Ponferrada, Balboa, Dehesas, Camponaraya, Magaz de Abajo, Tejedo del Sil y Carucedo (León), Córdoba y Alfacar (Granada), La Palma del Condado, Bonares y Niebla (Huelva) y La Serna (Madrid).

“A tal efecto, se cursarán los exhortos correspondientes a los juzgados territorialmente competentes con quienes tendrán que coordinar la actividad los solicitantes y los grupos de expertos y Policía Judicial, para fijar el día de la exhumación y, en su caso, levantamiento de cadáver y traslado de restos, que deberá ser comunicado a este Juzgado”, según el documento.

Garzón también crea un grupo de siete expertos (cinco propuestos por las partes, dos por el juzgado en cuestión y otro por la Policía Judicial) que trabajará en la búsqueda y localización de los cuerpos de los desaparecidos. Su misión será “estudiar, analizar, valorar y dictaminar sobre el número, lugar, situación e identificación de las víctimas”, y finalizará con la presentación de un informe final con el número total de fallecidos.

Del mismo modo, el juez propone a este grupo la creación de un banco de ADN que contribuya a desarrollar las labores de identificación, para lo cual contará con la cooperación del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. El magistrado señala también que reclamará “el auxilio de clínicas forenses, grupos de expertos, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, universidades o cualesquiera organismos nacionales e internacionales que puedan aportar ayuda”.

35 altos cargos y los vivos

Como responsables de los hechos analizados, el magistrado apunta a 35 altos cargos del régimen franquista, entre ellos el dictador Francisco Franco, Emilio Mola y Gonzalo Queipo de Llano, y pide que se aporte sus certificados de defunción, para así comprobar si se ha extinguido la responsabilidad penal de todos ellos.

También reclama al Ministerio del Interior que identifique a los máximos dirigentes de Falange desde el 17 julio de 1936 hasta el 3 de diciembre de 1951 para, una vez identificados, acordar su imputación o extinción en caso de fallecimiento.

La instrucción se practicará “sin perjuicio de que existan otros responsables no identificados” y de que “puedan existir personas vivas que pudieran haber cometido hechos” que deban “ser objeto de una investigación separada en cada caso”.

Garzón argumenta que la Audiencia Nacional es competente para investigar estas desapariciones, nunca investigadas “por la Justicia española”, porque los hechos (el alzamiento militar) encajan en el delito contra altos organismos de la nación, que no habría prescrito porque está conexo con el delito de detención forzada, que permanece en el tiempo, tal y como estableció el Tribunal Supremo para condenar al ex militar argentino Adolfo Scilingo.

La justificación del auto

Garzón, “consciente del grado de dificultad” de la investigación, se remonta a los principios de Nüremberg y trata de justificar su decisión. En primer lugar resalta “que los hechos objeto de denuncia nunca han sido investigados penalmente por la Justicia española” y que “la impunidad ha sido la regla”.

Según el juez, la “insurrección armada” del 18 de julio de 1936 “fue una decisión perfectamente planeada y dirigida a acabar con la forma de Gobierno de España en ese momento, atacando y ordenando la detención e incluso la eliminación física de personas que ostentaban responsabilidad en los altos organismos de la nación”, eliminación de personas que “continuó, en mayor o menor medida” al acabar la guerra.

Aunque estima que “no se trata de hacer una revisión en sede judicial de la Guerra Civil española”, el magistrado subraya que, aunque en la posguerra se produjo una “reparación de la víctimas caídas de la parte vencedera, no aconteció lo mismo respecto a los vencidos, que además fueron perseguidos, encarcelados, desaparecidos y torturados por quienes habían quebrantado la legalidad vigente al alzarse en armas” contra la Segunda República.

“Sigue habiendo víctimas” a causa de que los hechos no han sido investigados por la Justicia hasta hoy y se ha producido “un suplicio permanente” de los familiares de los desaparecidos. “No supieron si las víctimas fueron ejecutadas, desaparecidas o si estaban vivos o muertos, lo que les convierte asimismo en víctimas hasta el día de hoy o el momento del hallazgo”, apostilla.

Garzón dicta que “los crímenes atroces cometidos con posterioridad al 17 de julio de 1936” estaban prohibidos por el ius in bello desde 1919, ya que integraban “la categoría de crímenes contra las Leyes y Costumbres de la Guerra y Leyes de la Humanidad”, según la Comisión Multinacional de Responsabilidades de París, reunidad después de la firma del Tratado de Versalles que puso fin a la I Guerra Mundial.

Pese a ello, Garzón construye su argumentación esgrimiendo un derecho posterior a los hechos estudiados, el sobrevenido después de los juicios de Nuremberg. Para el juez, los responsables del Alzamiento Nacional pusieron en práctica “un plan sistemático de exterminio dilatado en el tiempo” que “requería el uso de la violencia” y era similar al que desarrolló la Alemania nazi.

Para sustentar esta tesis, Garzón cita una entrevista concedida por Franco en Tánger el 27 de julio de 1936: “Nosotros luchamos por España. Ellos luchan contra España”, señalaba el general, que aseguraba que ganaría la guerra “al precio que sea”, aunque ello supusiera “matar a media España”.

FosasDecisión contestada

La Fiscalía, que recurrirá la decisión de Garzón, ya pidió en febrero pasado la inadmisión a trámite de la querella, al considerar que los hechos prescribieron en 1977, con la aprobación de la Ley de Amnistía, y que en el momento en que se produjeron eran delitos comunes de asesinato, detención ilegal o lesiones, según el Código Penal de la República.

De igual modo, el Ministerio Público sostiene que la competencia en el presente caso no corresponde a la Audiencia Nacional ya que, a su entender, los crímenes deberían ser perseguidos por los juzgados de los lugares en los que se cometieron los hechos.

No obstante, el Gobierno ha puesto ha disposición del juez los servicios del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses para ayudar en la identificación de las víctimas.

Un proceso que arranca en 2007

Los representantes de 22 asociaciones ya entregaron al magistrado una relación con los nombres y posible ubicación de las tumbas de 133.708 desaparecidos. Pese a ello, Garzón sólo estudiará 114.266 casos, llegando hasta diciembre de 1951.

Asimismo, Garzón pidió el pasado 1 de septiembre a instituciones como el Valle de los Caídos, la Conferencia Episcopal, el Centro Documental de Memoria Histórica y a los alcaldes de Madrid, Sevilla, Granada y Córdoba la elaboración de listados de víctimas y la aportación de datos sobre los represaliados.

Posteriormente, amplió la información a los tribunales republicanos creados en la contienda durante la defensa de Madrid, y solicitó a la Conferencia Episcopal que instara a los obispos a que le enviaran la información solicitada.

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Written by Íñigo

16/10/2008 a 14:38

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